PREGUNTA 3

LAS FORMAS MÁS EVIDENTES DE APLICAR LA JUSTICIA. 
Aquí la línea es fina. Evidentemente, siempre podrá decirse que toda sanción viola un derecho humano. Así, cuando el juez lo ordena a pagar una suma de dinero, lesiona el derecho a la propiedad. Cuando el juez mete preso a alguien, lesiona su derecho a la libertad ambulatoria. Pero estas lesiones a derechos subjetivos son perfectamente constitucionales. Luego, ¿por qué si el juez estatal puede privar de libertad, el juez indígena no puede? ¿Por qué se justifica la imposición de una pena privativa de libertad por parte del Estado, pero se la rechaza cuando es impuesta por la jurisdicción indígena, si la Constitución sitúa a las dos en el mismo nivel jurisdiccional? La realidad es que el juez indígena no puede decidir matar ni lesionar, pero sí apresar, con las mismas potestades y prohibiciones que un juez estatal. La ejecución de la orden de privación de libertad, en cambio, correspondería a los agentes policiales.

Con todo, el problema es debatible. En mi opinión, los indígenas no deberían estar facultados para quitar la libertad. Pero de hecho lo están. La culpa no es de las comunidades indígenas, ni de la CONAIE, sino de los asambleístas de Montecristi y de los ecuatorianos que, para variar, aprobamos una Constitución sin medir suficientemente las consecuencias. ¿O qué más puede esperarse de una carta fundamental que antepone la Pacha Mama, símbolo indígena, a los íconos de la inmensa mayoría de los ecuatorianos? Lamentablemente, dimos nuestra venia a las costumbres de grupos minúsculos, que se merecen todo el respeto del mundo, pero que no representan el estándar de la sociedad ecuatoriana.

Además de las aberraciones a que han llegado las prácticas ancestrales —por el impulso, mas no el permiso, de la Constitución vigente—, lo que más preocupa es que las autoridades indígenas denuncien la inoperancia y corrupción del sistema judicial estatal para justificar el homicidio y la tortura. ¿Tan bajo ha llegado la justicia ecuatoriana que, para no ser víctima de los fiscales y jueces del Estado, la gente prefiere la muerte, el látigo y la ortiga?

Acaso seamos hipócritas en espantarnos por los excesos, sin duda horrendos, de las prácticas ancestrales, mientras permanecemos impávidos ante los escándalos de la administración de justicia estatal, donde, en modo más sutil, pero no más inocente, todos los días del año se violan los derechos de las personas, asfixiadas en un auténtico mercado negro de sentencias. A la larga, indígenas o estatales, legos o abogados, la justicia ecuatoriana se ha abocado en un nivel de decadencia donde campea el desengaño.

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