El domingo un supuesto criminal se salvó de la horca y
fue latigueado en público, obligado a cargar un pesado saco de
tierra y, atado a maderos, azotado con ortiga y bañado en agua fría
en medio del páramo antes de ser entregado a sus familiares.
El suceso ocurrió en la comunicad de La Cocha, en la
población de Zumbahua (90 km al sur de Quito), el individuo fue
acusado de asesinato y sólo las advertencias del gobierno impidieron
que fuera sentenciado a muerte.
La justicia indígena figura en la Carta Magna en
vigencia desde 2008 y permite a los líderes ejercer funciones
jurisdiccionales sobre la base de tradiciones ancestrales y derechos
propios, mientras que el Estado garantiza que esas decisiones sean
respetadas.
Sin embargo, precisa que los procedimientos para la
solución de conflictos internos entre los indígenas no serán
contrarios a la Constitución, promovida por el mandatario
socialista, y a los derechos humanos.
“Aunque diga lo que diga, con o sin la Constitución,
mantendremos la justicia indígena y jamás vamos a dejar eso porque
ha sido un proceso de cientos de años”, expresó Ricardo Chaluisa,
líder de la comunidad La Cocha (en la población de Zumbahua, 90 km
al sur de Quito) en que se produjo el caso.
Previamente Correa dijo que “la justicia indígena no
puede ir contra los derechos humanos, tortura no es justicia, y peor
lo que querían hacer: pena de muerte”.
Añadió que “aquí hay un orden jurídico único.
Nuestra Constitución permite, reconoce la justicia indígena en todo
lo que no atente contra derechos humanos y el propio orden
constitucional”.
Correa, que considera como su “segunda tierra” a
Zumbahua -donde en su juventud vivió un año como voluntario
salesiano y aprendió el idioma kichwa-, puso de ejemplo que una
persona acusada de hurto en una comunidad indígena en vez de ir a
prisión puede ser castigada con trabajo comunitario.
Después de que fuera perdonado el presunto asesino,
Chaluisa manifestó que “nosotros respetamos la cosmovisión
indígena y la cosmovisión occidental. Es por eso que estamos
seguros que no debemos violar la ley”.
Dentro del mismo hecho, cuatro acusados de ser
cómplices del crimen ya fueron flagelados con látigo y ortiga hace
una semana en La Cocha, a donde los nativos impidieron a la fuerza el
ingreso del fiscal ecuatoriano, Washington Pesántez.
En Bolivia también se han registrado una serie de
ajusticiamientos callejeros como en la ciudad de El Alto, vecina a La
Paz, donde en 2009 se contabilizaron 15 linchamientos, según la
Policía.
En ese país, la justicia comunitaria está reconocida
en la nueva Constitución, pero el poder Ejecutivo es enfático en
indicar que esta modalidad no es sinónimo de matanza.
El gobierno boliviano planea una Ley de Deslinde para
establecer que la “justicia comunitaria” sólo se aplique en
poblados indígenas, con autoridades propias y legalmente
reconocidas, mientras que la justicia barrial será considerada
delito.
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