La
Justicia Indígena es el conjunto de normas basadas en valores y
principios culturales propios, con procedimientos y prácticas
propias que regulan la vida social en la comunidad y el territorio.
Las reparaciones a las transgresiones a dichas normas pueden ser por
la vía de la recomposición, la compensación, y/o la remediación
de los daños causados, y no sólo por la vía del castigo, que es la
forma preponderante en la Justicia Ordinaria u occidental.
El
Convenio 169 y la Declaración de los Derechos de los Pueblos
Indígenas de la ONU, abrieron importantes espacios para la Justicia
Indígena. Su puesta en marcha implica diversas opciones, como el
nombramiento de jueces de paz ordinarios en las comunidades; o el
cese del funcionamiento de la policía y juzgados en los territorios
indígenas, para dar lugar a las autoridades de la Justicia Indígena.
También
existen casos intermedios donde los indígenas han llegado a acuerdos
con el Estado, como en Bolivia y Ecuador donde los indígenas pueden
emplear como sanción la pena de cárcel en una prisión del Estado;
o en Colombia donde la justicia Indígena pueda derivar casos al
Estado, para que la Justicia Ordinaria realice el juicio, pero
manteniendo los indígenas su atributo de decidir cuál será la
sanción.
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